Primer artícle de l’any de la nostra secció de L’Advocat Respòn. Parla sobre les mesures que el Govern ha decidit prorrogar i implementar relacionades amb el control dels preus del lloguer i dels propies contractes d’arrendament de vivendes.
Los contratos de alquiler de renta antigua
En la actualidad es común encontrar contratos de alquiler de renta antigua a los que es de aplicación la ley de arrendamientos urbanos de 1964. Se trata de una prórroga forzosa del arrendamiento para el arrendador, quedando supeditada a la voluntad del inquilino, quien podía, y aún puede, prorrogar aquel arrendamiento sin posibilidad de oposición si bien con excepciones.
La obligatoriedad de la contratación de la previsión de riesgos laborales en la comunidad de propietarios
Las comunidades de propietarios y los propietarios de edificios, con o sin empleados, están obligados a cumplir con el Real Decreto 171/2004, donde se expone la obligatoriedad que tiene el empresario titular en cuanto a la comunicación e información sobre los riesgos, las medidas preventivas y las medidas de emergencia a considerar en el edificio para aquellas empresas externas que presten servicios dentro de la finca (empresas de mantenimiento de ascensores, instaladores, pintores, limpieza,…).
Renta 2021
Ley de Cataluña de emergencia en el ámbito de la vivienda
La valoración de los bienes inmuebles en el ITPAJD y en el ISD a partir del 01.01.2022
El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de la plusvalía municipal
El Notariado abre su Sede Electrónica (Portal Notarial) a ciudadanos y empresas
En el Portal Notarial los particulares y las empresas disponen de la posibilidad de elegir el notario que deseen a los efectos de realizar diversas gestiones y servicios, con las mismas garantías que ofrecen las notarías, pero con la celeridad característica de las operaciones digitales.
Prórroga de medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica
En fecha 4 de agosto entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que entre otros puntos prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 las medidas urgentes adoptadas para hacer frente al COVID-19 en materia de vivienda