La Generalitat ha anunciado que en un plazo aproximado de dos meses aprobará un decreto por el cual se creará un índice al objeto de controlar el precio de los alquileres de vivienda atendiendo a que en el año 2016 el precio del alquiler ha incrementado exponencialmente.
Actualmente, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) ya calcula el precio medio del alquiler en Cataluña, pero ahora la Generalitat quiere aprovechar todos los datos que tiene a su alcance este organismo para crear un índice en el que se calcule el precio mensual por metro cuadrado de una vivienda.
Dicho índice tomará como referencia las fianzas depositadas en el Incasòl y en función de las características de cada inmueble, es decir, el tamaño del piso, su ubicación, su accesibilidad o el estado de conservación de la vivienda.
De esta forma, habrá un precio máximo y otro mínimo, según lo determinen esos factores.
Cada dos años se procederá a la actualización de los precios de referencia por m2 del índice y cada cuatro años se revisarán los criterios de elaboración del indicador.
Es importante señalar que cuando un piso se anuncie en un portal de Internet o en una agencia inmobiliaria deberá figurar también si el precio ofertado es inferior o superior al precio de referencia calculado por la Generalitat para esa zona o bien para ese municipio.
El objetivo, de la creación del índice de constante referencia es que los propietarios no pongan unas rentas superiores al mismo, hecho que supondrá incentivos tales como la posibilidad que los Ayuntamientos puedan aplicar bonificaciones en el IBI.
En sentido, y al hilo de lo anterior, en el supuesto de publicar un alquiler por encima del precio del índice, supondrá que el propietario no tenga acceso al aval de alquiler de la Generalitat. Asimismo, las ayudas a la rehabilitación de la finca que pueda conceder la Generalitat o el Ayuntamiento, se otorgarán con preferencia a aquellos propietarios que certifiquen que ofrecen sus pisos en arriendo a precios inferiores al índice.
En otro orden de cosas, debemos señalar que la Generalitat como ya anunció al aprobar la ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, tiene intención de aprobar una ley catalana de arrendamientos urbanos en el plazo de nueve meses en el que entre otros extremos se contemple crear la figura del contrato del alquiler de cinco años, ampliable a otros tres, así como a crear uno de larga duración entre 15 y 20 años.
Autor: Nemesio Liébana, abogado